Recuerde que… • Desde el punto de vista de su validez, los actos administrativos se agrupan pues, en dos grandes categorías: los actos nulos de plenos derecho (artículo 47 Ley 39/2015) y los actos anulables (artículo 48 Ley 39/2015). Derecho Administrativo Los actos administrativos viciados pueden serlo por estar incursos en causas de nulidad o de anulabilidad. Las primeras aparecen taxativamente enumeradas en la norma y, por tanto, en tanto supuestos excepcionales, deben ser objeto de interpretación estricta. Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. 5.- Conservación de actos y trámites. Sometimiento del que derivan dos consecuencias fundamentales que los actos administrativos se producirán por el órgano competente y mediante el procedimiento en su caso establecido. Lo que significa la plena garantía para el administrado de que el asunto de su interés se verá resuelto por aquel órgano que por tener atribuida la competencia específica posee mayores garantías de acierto. la invalidez de los actos administrativos: nulidad y anulabilidad Regla general: los actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico son ANULABLES, y sólo excepcionalmente serán NULOS DE PLENO DERECHO. Nociones Previas sobre la anulabilidad del acto administrativo. Los actos administrativos se tienen que producir por el órgano competente y conforme al procedimiento establecido ( art. 34.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), ajustándose su contenido a lo dispuesto en. Anulabilidad de los actos administrativos El acto administrativo anulable se encuentra regulado en el artículo 48 de la ley 39/2015. Algunos autores lo llaman vicio de nulidad relativa , refiriéndose a la anulabilidad, y vicio de nulidad absoluta, a la nulidad de pleno derecho. En cambio, la anulabilidad produce efectos EX NUNC (desde ahora), es decir, a partir del momento en que se declara, siendo válidos los efectos producidos hasta ese momento. [Ahora bien, en ambos casos están sujetos a las reglas sobre transmisibilidad de efectos, art. 64 LAP]. En virtud del principio in favor acti se presume la validez y eficacia a los actos administrativos, pero el incumplimiento de los requisitos de los actos administrativos puede producir, y de hecho produce, efectos sobre el propio acto administrativo que, en función de la gravedad de ese incumplimiento y la mayor o menor afectación a sus elementos esenciales puede llegar a su total invalidez. El artículo 57.1 de la Ley 30/1992 dice lo siguiente “Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa”.